El marco normativo que regula la inclusión a nivel nacional e internacional está compuesto por diversas leyes, convenciones y normas que buscan garantizar la igualdad y prevenir la discriminación en distintos ámbitos.
Marco Normativo Nacional (México como ejemplo)
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación por motivos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, y más, protegiendo la dignidad humana.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene por objeto reglamentar los derechos de inclusión, especialmente en educación, empleo y acceso a servicios.
Existen además normativas específicas para promover la igualdad laboral y no discriminación, como la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, así como leyes para garantizar derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
También se establecen organismos públicos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que supervisan e impulsan estas políticas.
Marco Normativo Internacional
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, promoviendo la no discriminación.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) es uno de los instrumentos internacionales más avanzados, estableciendo obligaciones concretas para garantizar la inclusión, accesibilidad, y participación plena de las personas con discapacidad.
Otros documentos incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Estos marcos normativos internacionales inspiran y respaldan las leyes nacionales para proteger los derechos humanos y promover la inclusión en distintos países.
En resumen, la inclusión está protegida por un conjunto de normas nacionales e internacionales que establecen principios de igualdad, no discriminación y accesibilidad para todos, con especial atención a grupos vulnerables como personas con discapacidad, mujeres, niños y minorías étnicas.
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